Su hogar desde ese momento fue un piso en un edificio ocupado en el distrito de Puente de Vallecas. La experiencia que relatan se resume en angustia y conflicto.
La ocupación del edificio estaba dirigida por una Asociación que imponía su ley. «Se dicen de izquierdas pero son peor que los otros. Nos sacaban dinero por todo». Cuenta María José que se exigía diez euros por asesoramiento legal, cuestión habitualmente gratuita y altruista en este tipo de asociaciones. «Nos pusieron internet y nos querían cobrar por ello. ¿Internet?, pero si no teníamos agua». «Parecía el típico movimiento hippie de los 60. No puedes razonar con ellos, no saben de nada pero creen que saben de todo». El lugar se encontraba sucísimo. «En una ocasión mi hija y yo nos pusimos a limpiar y nos dijeron que eso no lo podíamos hacer, que había que decidirlo en Asamblea». María José denuncia que el edificio estaba lleno de inmigrantes sin papeles, a lo que hacían trabajar. «Recuerdo a un chico que vendía clinex. Solía recaudar unos 20 euros y le obligaban a darlo a la Asociación».
Como no se plegaban ante los designios de la Asamblea, se convirtieron en inquilinos poco deseables. «Nos hostigaban e insultaban y nos cortaban la luz». La convivencia era imposible y sus días allí solo estaban motivados por la falta de alternativas. Por V.R.A
Reconstruir el hogar
La vida de okupas se hacía imposible. Había que salir de allí. A través de un conocido surgió la posibilidad de alquilar un pequeño piso en un pueblo al norte de Madrid, Pelayos de la Presa. La idea de un pueblo no era del agrado de María José, especialmente por su hija, que acababa de terminar la carrera de Historia y se encontraba estudiando un Máster. Pero hay ocasiones en las que no existe la oportunidad de elegir.
«Salir de Vallecas fue una liberación», aunque la idea de ir a Pelayos sigue sin convencerla. Estas han sido sus primeras Navidades en un pueblo de apenas 2.500 habitantes. Y es que María José es muy castiza; sus padre habían vivido toda la vida en el céntrico Paseo de las Acacias.
Una nueva oportunidad
María José rehace su vida en Pelayos de la Presa
(Madrid, 2012)
Pelayos de la Presa es un pueblo de apenas 2.500 habitantes, en el que muchas casas carecen de un correcto suministro de agua potable. Pero hay algo que exacerba todavía más a María José: la mentalidad caciquil de un pueblo que considera anclado «al régimen anterior».
Pero su pequeño hogar es un remanso de paz. 70 metros cuadrados. Un salón-cocina integrado, dos habitaciones y un baño. Suficiente. Nada que ver con un local o una casa okupada. Paga 300 euros al mes, una cuantía que puede afrontar con la pensión de algo más de 500 euros que recibe por hijo minusválido a cargo. El resto de la pensión se esfuma en luz, agua otros menesteres. Con la pensión que sus hijos reciben de un padre al que nunca conocieron, apenas 600 euros entre los dos, María José debe mantener una casa, alimentar tres bocas y todo lo relativo al cuidado de Abel.
Aunque en un principio no quería empadronarse en el pueblo, en estos momentos María José ha iniciado ese proceso, para poder convertirse en receptora de alguna pequeña ayuda municipal para el alquiler.
María José: De avalista a desahuciada
En noviembre de 2012 Maria José está intentando rehacer su vida en el pueblo madrileño de Pelayos de la Presa, después de haber perdido su casa el 20 de julio de 2011 y de haber sido okupa durante varios meses.
Un local comercial de apenas cuarenta metros cuadrados fue el lugar en el que María José pasó los meses junto a su familia después de haber sido desahuciada de la casa en la que había vivido durante más de tres décadas. Una vecina les cedió ese espacio, a cambio de un alquiler de 200 euros. Era un gasto que sí podía afrontar. Aunque las condiciones de habitabilidad eran nulas, en ese momento «solo pensaba en tener un techo y algo de comida para sacar adelante a mis dos hijos», Abel y Pepa, que tenían por entonces 26 y 25 años.
En aquel cuarto, con cajas apiladas llenas de libros, ropa y recuerdos sacó adelante María José el cuidado en especial de su hijo Abel, con una discapacidad del 77%. En un baño de apenas dos metros cuadrados, sin ducha, y en el que un barreño y un hornillo posibilitaban la higiene más básica. La atención a su hijo mayor, víctima de las cada vez menores ayudas a la dependencia, centró todo su tiempo y le impidió encontrar un trabajo estable.
El 31 de enero de 2012 ya no pudieron más. Abandonaron el local y se convirtieron en okupas.
Desahucio: el día siguiente