Áurea Matesanz: Un hogar en un trastero
Tras separarse de su marido, en el año 2000, un familiar informa a Áurea Matesanz de la existencia en Alcorcón de viviendas de protección oficial. Decide solicitar una y en el mismo año se la conceden en régimen de alquiler con opción a compra. Los propios servicios sociales le facilitan el dinero necesario para realizar la reserva. Firma un contrato inicial de dos años prorrogado por un plazo más de tres. Transcurridos los cinco años, le comunican la posibilidad de renovar de nuevo hasta completar los diez de alquiler.
A la firma de este último contrato en las oficinas de la constructora Metrovacesa consulta con la persona que firma el documento sobre la fecha de venta del inmueble, pues su deseo es adquirirla. Otra persona de la empresa le contesta: «Señora, estas viviendas no se van a vender». Ante tal respuesta, al salir de la oficina, se dirigió a la Comunidad de Madrid «para solicitar información sobre el estado de la casa». Allí le proporcionan la documentación en la cual figuran los datos técnicos y los precios de tasación estipulados por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, tanto para el alquiler como para la venta.
Transcurridos 10 años desde la firma del primer contrato, un mes antes de la finalización del mismo, el 8 de mayo le comunican que la empresa Lazora, nueva propietaria de los inmuebles, «exige la renegociación del contrato de alquiler, en unas condiciones que nada tienen que ver con las recogidas por la Comunidad de Madrid». De no aceptarlas deberá abandonar su casa antes del 30 de mayo.
Ante la sorpresa, se dirige de nuevo a la Comunidad. La venta entre empresas no aparece por ninguna parte, ni tampoco los documentos en el archivo. Entre largas y papeles, transcurre mes y medio. Con la ayuda de un abogado, realiza la solicitud por escrito. Le responden escuetamente que «las viviendas han perdido la protección oficial», sin información adicional sobre la fecha de venta o las circunstancias del cambio. Los abogados consultados le aconsejan presentar denuncia contra Metrovacesa por incumplimiento de contrato, contra Lazora por actuar de mala fe, y contra la Comunidad de Madrid por permitir la actuación tratándose de inmuebles protegidos por un periodo de 30 años.
Entre idas y venidas, «intentando conseguir un abogado de oficio», se ve obligada a pagar uno particular antes de que se consuma el plazo para la finalización del contrato. Le han dicho que el pleito es caro y el Estado considera que si desea ejercer sus derechos deberá contratar un abogado a su costa. Mientras estudia el caso, la constructora le denuncia exigiendo el abandono de la vivienda y comienza su tratamiento psiquiátrico.
Llega el día del juicio. Su defensa explica a la juez la situación y la reciente constitución de una asociación con las 153 familias afectadas. No se persona el abogado de Lazora, la constructora que la denuncia, sino el de Metrovacesa, alegando que en el proceso judicial no tienen relevancia las condiciones iniciales, puesto que se trata de un desahucio por expiración de contrato. La sentencia es favorable al desalojo. «Tan sólo 25 familias han podido afrontar las nuevas condiciones impuestas por Lazora», sostiene Áurea. El resto se han marchado. «Entre los antiguos vecinos, había varios matrimonios de personas mayores».
Este año, en el mes de mayo, la policía cortó la calle. Dice que contó 27 agentes (descontando los de paisano, más difíciles de precisar). No recuerda con claridad los detalles del que no duda en calificar como «el peor día» de su vida. Como el trastero al cual trasladó sus muebles es pequeño, se vio obligada a tirar parte de sus pertenencias.
Desahucio: el día siguiente