Plaza de Castilla es un hervidero de gentes. Idas y venidas, prisas y trasiegos de papeles conforman el ambiente de uno de los focos judiciales de Madrid. Nuestra protagonista, que prefiere no revelar su nombre, es una juez a quién le cansan los clichés que se le ponen y que intenta nadar a contracorriente para dilucidar las luces y sombras del entramado actual en el que trabaja.
Recelosa al principio, comienza la conversación, decidida a dar un punto de vista diferente, bien alejado del discurso general de los medios. La magistrada afirma que la mayoría de sus colegas tienen muy en cuenta las circunstancias que rodean al caso e intentan retrasar todo lo posible el procedimiento, «para dar cuartelillo a quien se lo merece» dice. «Los jueces y todas las personas involucradas en esto de alguna u otra forma, también somos personas» sentencia con la mirada perdida.
Tiene su propia versión de la situación, y sitúa a los bancos como caldo de cultivo donde se gestó el tejido de situaciones insostenibles. Pero no parece nada partidaria de la dación en pago como solución: «Es injusta para la parte más débil del contrato», declara en referencia a la obligación de entregar la casa para saldar su deuda, normalmente inferior al valor de la vivienda. «Vamos, que engañan al pobre», sentencia la juez. Además, comenta que los bancos tienen un procedimiento privilegiado para el cobro de las deudas con una fuerza superior incluso a una sentencia.
Pero no es oro todo lo que reluce. Más del 15 por ciento de las personas declaradas insolventes no se encuentran en realidad en dicha situación. Además de la existencia de okupas ilegales y los propietarios legítimos se ven desamparados ante la ley que a pesar de lo que pueda parecer, está indiscutiblemente inclinada en contra del propietario de la vivienda. «Los okupas rompen la cerradura del portal, y lo primero que hacen es conectar la luz y el agua de la comunidad. Cuál es la sorpresa del propietario cuando le empiezan a llegar facturas de una casa aparentemente vacía y sin movimiento».
La juez quiere dejar claro que a pesar de que vivamos una situación traumática, lo cierto es que la picaresca sigue cubriendo con un velo muchas situaciones y el propietario también es alguien a quien hay que proteger. «Hay gente que vive de ese alquiler y que paradójicamente al no recibirlo no puede pagar a su vez su hipoteca, y los desahucios se encadenan».
«Muchas veces te sorprenden y no puedes por menos que sonreír porque llegan a afirmar que ellos cuidan la casa mejor que los dueños, que se la limpian e incluso algunos ¡llegan a blanquear las paredes! Establecen lazos con los vecinos y normalizan de alguna manera la situación. Aquí hay muchas historias que contar, pero en los medios sólo se ve la parte mala, las horas que dedicamos aquí a nivel personal intentando ayudar y buscar otras salidas para esta pobre gente… Eso nadie lo cuenta».
Los jueces son una parte más de la sociedad, un sector también sensibilizado, y como prueba de ello el manifiesto independiente que algunos de sus compañeros han redactado. Son conscientes del azote de la crisis y del cataclismo del mundo bancario y sus consecuencias, entre ellas la ineficacia del Código de Buenas Prácticas. El colectivo afirma que la solución no está únicamente en cambiar la ley, sino en transformar el sistema desde su raíz. Por L.C.
Jueces: «La dación en pago engaña al pobre»
El manifiesto de los jueces
El Consejo General del Poder Judicial solicitó a una comisión de siete jueces un dictamen sobre la situación de los desahucios. Más tarde, una vez elaborado y sin explicación alguna, dicha
institución decidió desmarcarse del documento, coordinado por el Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Almenar y respaldado por el sector progresista judicial.
Desahucio: el día siguiente