Sin previo aviso 

El 29 de marzo de 2011 el banco envía una carta que aseguraba que con el embargo la deuda quedaba saldada. Comenzaba la cuenta atrás para el desahucio. La abogada de oficio le dijo a Ángel Luis que esta operación podía llevar un año y que en todo caso ella le avisaría cuando se fuera a producir. No hubo aviso. Trece meses después, el 12 de abril de 2012, una procuradora del banco, dos jueces, un cerrajero y la policía llamaron al timbre. La representante de Caja Madrid fue clara: tenían 20 minutos para salir de la que había sido su casa.

Con los niños en el colegio, Marcia solo se preocupó de coger su insulina debido a su diabetes, pero Ángel Luis la frenó. De allí no salían. El banco no les había avisado del día en el que se produciría el desahucio. Finalmente, y con la ayuda de la responsable de los Servicios Sociales del pueblo, el desalojo se paró.

Días más tarde, la familia se enteraría de que la abogada de oficio sí que había recibido la orden de desahucio. Sin embargo, Ángel Luis y Marcia aún desconocen porque no se lo comunicó a ellos. Detenido el desalojo, la familia recibía una prórroga de tres meses para buscase otro techo. En aquel momento, y otra vez con la intermediación de los Servicios Sociales, Ángel Luis volvió a hablar con el director de la sucursal en el pueblo para negociar un alquiler social, pero este se desentendió.

Por segunda vez, el mismo hombre que les había firmado la hipoteca, les remitió a las oficinas centrales de Madrid. Allí, un empleado, tras escuchar la petición de la familia, les dijo que en breve obtendrían respuesta. Casi un año después, aún siguen esperándola. Como la llamada del banco nunca llegó, la familia se vio obligada a buscarse otra vivienda. La encontraron semanas antes de que concluyese el plazo que Caja Madrid les había dado. El 2 de julio, Ángel Luis depositó en el juzgado las llaves de una casa que no habían podido pagar.